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El costo de trabajar legalmente en Venezuela

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Los abogados y los economistas suelen equivocarse. Los abogados al pensar que el derecho es gratuito y que no hay costos en obedecer alguna norma; y los economistas al pensar que el Derecho es una condición constante, en otras palabras, que todos los contratos se cumplen, todos los daños se reparan y que todos los delitos se castigan.

Venezuela es un país hiperregulado. La producción de leyes, decretos, reglamentos y normas es colosal. Registrar una empresa te puede tomar meses. Cada vez más se debe gastar dinero en pagar contadores, administradores o asesores para ponerse al día con todas las normas y regulaciones. Y precisamente esto era lo que se suponía que la ley debía evitar en su fin de protegernos, pues protección también implica disminuir costos. Es mejor poner en práctica pocas normas pero claras y constantes en el tiempo, a que construir una superestructura burocrática que se proponga hacer cumplir miles de leyes oscuras y confusas. Y no solo que es mejor también es menos costoso.

La legalidad está pervertida cuando es más beneficioso violar las normas que obedecerlas. En otras palabras, si obedecer la ley me empobrece entonces voy a preferir la ilegalidad. Y precisamente esto es lo que ocurre en Venezuela: existe todo un ordenamiento jurídico e institucional diseñado para que el costo de la legalidad sea tal que si me pongo al día con todas las normas soy más pobre a que si no lo hago.

El costo de algo es lo que se sacrifica o se deja de hacer para obtenerlo o llevarlo a cabo. Ahora, ¿para quién es más costosa la legalidad, para el rico o para el pobre? Sin duda que para el pobre. Si ganas menos o tienes poco capital te cuesta más cumplir la ley. Si ganas más te cuesta menos. El sacrificio del pobre es mayor que el del rico. El que no puede permanecer en el mercado formal por no poder pagar los altos costos se va a la informalidad. Y aquí comienza toda una persecución institucional hacia los emprendedores pobres o “menos ricos”, quienes tienen que, no solo esforzarse en su trabajo, sino huir de la “legalidad” y sufrir atropellos.

En los últimos años ha surgido en Venezuela un fenómeno donde casi todas las personas andan vendiendo algo para obtener ingresos aparte de su trabajo u oficio. Ha florecido un espíritu comerciante que, no solo evidencia una crisis económica signada por la inflación y la devastación de las industrias, sino también una crisis jurídica que impide el progreso y la prosperidad de todos pero en especial de los más pobres.

La informalidad no es un paraíso donde se gana más dinero por evadir impuestos o no pagar registros, sellos y papeles. Tiene sus costos adicionales como la desprotección a su negocio y propiedades, el no tener acceso a créditos, entre otros. Los trabajadores y comerciantes ilegales trabajan honestamente, reivindican la propiedad privada y son buenos empresarios. La informalidad es consecuencia de una estructura institucional ineficiente.  La solución no es subsidiar o financiar a los informales para que puedan pagar el alto costo de estar legales, sino de alguna forma “ilegalizar” a los legales; es decir, disminuir los costos de la legalidad.

Andrés Doreste
Abogado, profesante del credo Niceno-constantinopolitano.
Ciudadano de La Polis.

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