Ésta es la fórmula para trasladar de pobres a ricos, a los venezolanos

663

Desde hace muchas décadas, comenzando en la casa de la infancia, pasando por la escuela y terminando en la opinión pública en general, se le hace creer a casi todos que Venezuela es un país rico. Craso error. Ya muchos han opinado con claridad meridiana al respecto: los recursos naturales son sólo potencial de negocios: “mangos bajitos”, como también se les pudiera llamar en criollo. La ferrita, el coltán, la bauxita, los fluidos de formación (gas, petróleo) en el subsuelo y las tierras por muy fértiles que sean, por sí solos no constituyen riqueza alguna. La riqueza es toda la actividad que se realiza para hacer útiles aquellas materias primas o commodities. La riqueza, en verdad está en la inversión y en los esquemas de explotación; está en la tecnología que se va a aplicar y en el trabajo del personal que se ha formado previamente en sendas instituciones que les capacita para poder emprender la transformación de todo ese potencial de negocios, en riqueza verdadera.

La riqueza pues, en primer lugar, está asociada a la acción humana y no al recurso natural porque sí. En el mundo existen países definitivamente pobres aun poseyendo una geografía con ingentes minas o tierras fértiles. Muchos podrían pensar que esos países son pobres porque las regalías obtenidas de la explotación de sus recursos no son bien administrados por el gobierno de turno o que la corrupción hace imposible la “correcta redistribución” de las tales “riquezas”. Una de las principales falacias del estatismo socialista en la fase planificadora de la economía, y que hace confundir recursos naturales con riqueza gira en torno a la calificación de “sector estratégico” a las actividades de extracción. ¿Por qué se promueve esta falacia desde diversas tribunas de opinión en los países monoproductores? Porque si un país en que la economía no ha podido crecer absolutamente nada en, digamos, al menos dos décadas seguidas, no tiene el tamaño suficiente como para que las inversiones se diversifiquen pues, entonces, las actividades de extracción son las más —sino, las únicas— atractivas para la inversión de capitales transnacionales, y esto es fácil de ver como una oportunidad de cartelización  por parte los mantuanos locales que, la más de las veces, son mercantilistas: por ello nunca han perdido el tiempo cuando de financiar y colocar operadores políticos en cargos de poder que diseñen leyes en su favor se trata, con el propósito de que en el futuro próximo, el entramado jurídico resultante del control ejercido desde ciertos nodos de autoridad de la sociedad, les  facilite el usufructo de las rentas de la extracción sin generar valor agregado. El entramado jurídico que inducen, además, tiene como plan hacer creer que la “sustitución de importaciones y protección a la producción nacional” son beneficiosas para el país porque “protegen empleos e industrializan la economía”, cosa que siempre termina siendo una farsa porque lo que resulta verdaderamente de estos procesos de “enorgullecerse por lo hecho aquí”, es el deterioro sostenido de la calidad de la compra del consumidor final, quien siempre paga más y más por pésimos  y peores productos y servicios: la verdadera intención de dichas leyes, es conducir los grandes acuerdos en la exclusividad de los “despachos de la elite empresarial”, que repelen toda valiosa libre competencia.

La riqueza, en segundo lugar, está relacionada con la facilidad de acceso a variados productos y servicios de calidad máxima posible, y esto es viable única y exclusivamente en una economía de libre mercado y libre competencia. Los regímenes estatales de los países del tercer mundo desprecian la apertura económica y creen que la prosperidad aparecerá por decretos emitidos por el primer mandatario.

La riqueza, en tercer lugar, está articulada con el Estado de Derecho: un país cuyos tribunales sean la garantía de la paz y el imperio de la Ley  porque son transparentes, expeditos y están concentrados en compensar a la víctima y en facilitarle al infractor los medios para compensarla, sin dudas es un país rico. El sistema de “justicia” de los países monoproductores es impresentable: un escándalo frente al grado de civilidad que han alcanzado las sociedades abiertas, en el control del delito.

La riqueza, en cuarto lugar, depende de la autonomía e idoneidad de las instituciones públicas y privadas, porque éstas son los nodos de autoridad social que moldean las relaciones societales.

Por último, la riqueza será amenazada o favorecida por los operadores políticos que pugnan una lid discursiva e ideológica furtiva a los ojos de la opinión pública, pero que la moldea a ésta desde las instituciones públicas y privadas.

Una manera de demostrar que la riqueza no está asociada al recurso natural sino a la actividad humana es reformar, por ejemplo, el modelo rentístico petrolero venezolano. Desde esta tribuna, se promueve el inicio de dicha reforma con el siguiente plan:

Primero, auditar PDVSA, para saber a ciencia cierta, cuál es su estado de resultados, activos y pasivos.

Segundo, dividirla en cuatro empresas más pequeñas: cada una tendría el equivalente a un cuarto de las acciones totales de la actual empresa petrolera estatal y sería autónoma respecto de las otras tres y del gobierno central. Se sugiere llamarlas: Hidrocarburos Fiscales de Venezuela, S. A. (Hifivensa); Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa); Corporación Venezolana de Petróleo y Gas, C. A. (Covepgas) y Venezolana Internacional de Hidrocarburos, S. A. (Vinhsa).

Tercero, Hidrocarburos Fiscales de Venezuela, S. A. (Hifivensa) pasaría a ser una empresa 100% propiedad estatal —la única—, de cuyas rentas se pagaría la reforma total del sistema judicial venezolano, los gastos de  defensa de la nación, los del servicio exterior y los de contratación e inauguración de obras públicas (sólo la construcción, no la administración porque ésta recaería en concesionarios privados que las explotarían), muy requeridas en la actualidad, esto con el propósito de eliminar la carga tributaria desde el gobierno central o federal a las personas naturales y jurídicas; en el caso de Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa), se dividiría en, digamos, 120 millones de acciones y se le entregaría de forma gratuita, a todo venezolano mayor de 24 años en las agencias del banco comercial de su preferencia, un paquete simétrico de acciones correspondiente al siguiente cálculo: 120 MM acciones ÷ habitantes con 24 años o más. El propósito de ésta acción politica es que los ciudadanos sean partícipes directos de los dividendos de la renta petrolera, liquidados el 31 de diciembre de cada año. Luego, la Corporación Venezolana de Petróleo y Gas, C. A. se vendería al gran capital nacional. Por último, Venezolana Internacional de Hidrocarburos, S. A. (Vinhsa), se vendería a los capitales transnacionales interesados en adquirirla. Así mismo, la apertura y competencia en la explotación de los hidrocarburos venezolanos, sería total.

Sin dudas, poner las actividades de extracción en muchas manos bien preparadas, será más beneficioso para todos porque más personas y más organizaciones perpetrarían innovaciones en múltiples niveles y a distintas escalas, lo que coadyuvaría a un crecimiento sostenido de industria en particular y de la economía en general con el pasar de los años; y sólo así los hidrocarburos venezolanos se convertirían en riqueza y como consecuencia, trasladaría a los venezolanos de pobres que siempre hemos sido, a verdaderamente ricos.

Raúl E. Marval Palacios
Nacido en Caracas, el 19 de julio de 1979; poeta, ensayista, articulista, político liberal y analista de la industria de los hidrocarburos.

COMENTARIOS